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La Cámara de Contratistas presenta cómo es habitual su Informe de Licitación en Cataluña correspondiendo al 1.º trimestre del 2021.
Destacamos la siguiente información:
La licitació1 oficial de obras en Cataluña ha vivido un crecimiento excepcional del 139% en el primer trimestre de 2021, llegando hasta los 695 millones de euros, respecto del mismo periodo del año 2020, como consecuencia del esfuerzo de las administraciones públicas de reactivar la economía y, probablemente, por la licitación retenida del año anterior que se aplazaron como consecuencia de la pandemia y de las medidas sanitarias adoptadas para evitar su contagio. No obstante lo anterior, si la comparamos con el mismo periodo del año 2019, último año antes de la parada producida por la pandemia de la COVID-19, el crecimiento ha estado del 55%. Todo y este incremento, la licitación de este primer trimestre supone un 50% de la que Cataluña necesita.
La Cámara de Contratistas recuerda que la inversión pública tiene que ser estable y previsible para suavizar los ciclos económicos, dar certeza a los agentes económicos y evitar fuertes ajustamientos del sector en tiempo de crisis, y que la licitación mínima regular y recurrente de todas las administraciones que requiere Cataluña para satisfacer sus necesidades en infraestructuras económicas y sociales y mantener un crecimiento similar al resto de países europeos, tendría que ser, aproximadamente, del 2,2% del PIB (unos 5.500 millones anuales).
Por Administraciones, la Administración Local es el nivel administrativo más activo, con el 58% de toda la licitación, logrando los 402,6 millones de euros. Hay que destacar, pero que esta cifra incluye la licitación por BIMSA del Acuerdo marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona, de valor estimado hasta 160.800.000 euros, que se tendría que ir concretando en el plazo de 15 meses en multitud de contratos basados en el referido acuerdo marco.
En cuanto a la Generalitat de Cataluña, la licitación se ha incrementado un 111% respecto del mismo periodo del año 2020, con un importe total de 215,6 millones de euros, el 31% del total. También en este caso hay que hacer mención de que de este importe, 46 millones corresponden a la licitación del sistema dinámico de contratación de obras de despliegue de la red pública de fibra óptica realizado por Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña SAU, que se concretarán en contratos específicos en los próximos cuatro años.
El importe licitado por la Administración General del Estado (AGE) ha estado de 77 millones de euros, con un incremento del 220% respecto del mismo periodo del año 2020, suponiendo un 9% del total; respecto del mismo periodo del año 2019, último año antes de la parada producida por la COVID-19, la licitación ha disminuido en un 36%.
La Cámara de Contratistas celebra el esfuerzo realizado por el conjunto de las administraciones públicas para corregir los efectos de la ralentización y parada de la licitación pública vivida durante el año pasado en Cataluña, que comportó una reducción del 23%, y las exhorta a mantener, y si se posible incrementar, este ritmo inversor para favorecer la rápida recuperación de la actividad económica del país aprovechando el efecto ‘locomotora’ del sector de la construcción y para garantizar la continuidad y estabilidad de las empresas.
Este esfuerzo es especialmente relevante en un contexto como el actual marcado por la incertidumbre. Por un lado la incertidumbre económica y social derivada de la evolución de la pandemia a nivel mundial, europeo y nacional y de las medidas sanitarias adoptadas para hacerle frente que se traducen en constantes revisiones tanto de las previsiones económicas, como de las políticas públicas, el que incide directamente en la inversión privada y en las políticas públicas de inversión, respectivamente y por tanto en la actividad constructora.
Por otro lado la incertidumbre política derivada de las dificultades para lograr acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios y entre los partidos en el gobierno pueden afectar la creación e implementación de las necesarias políticas públicas.
Así mismo la Cámara de Contratistas considera esencial lograr el máximo consenso y coordinación tanto entre el conjunto de las administraciones públicas como entre estas y el sector privado para conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los fondos europeos del instrumento Next Generation UE a fin y efecto de que su efecto revitalitzador de la economía se produzca la antes posible, dentro de este mismo año, y de la forma más amplia posible para permitir la reactivación y transformación de nuestro sistema económico; la actual situación de crisis no admite demoras en la gestión de estos fondos.
1 Una licitación pública es el procedimiento mediante el cual un comprador público da a conocer una necesidad, de adquirir un bien, un servicio o una obra, y solicita a aquellas empresas que la puedan cubrir, y que reúnan los requisitos exigidos por los pliegos, presenten sus ofertas; las ofertas presentadas serán seleccionadas y evaluadas y se adjudicará el contrato a aquella que cumpla la mejor relación calidad precio.